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Por Jan Morrill, Earthworks y Diana Martin, MiningWatch Canada
Este mes, representantes de las comunidades que viven al lado de la mina de oro de Pueblo Viejo y sus aliados recorrieron cerca de 30.000 kilómetros alrededor del mundo para visibilizar los impactos de la explotación minera en sus hogares y familias. Exigen que se tomen medidas para proteger su salud y seguridad, y para defender los derechos de sus comunidades. No debería ser necesario llegar a esto.
Estos activistas dominicanos visitaron Bélgica, Panamá y Canadá para exigir mayor transparencia y responsabilidad corporativa por parte de Barrick Mining, la empresa canadiense que opera la mina; una mejor supervisión por parte del gobierno canadiense; y la reubicación segura de 450 familias que afirman ya estar sufriendo ya los impactos ambientales y de salud.
Denuncian en Londres los daños causados por la minería
Estos viajes se dan inmediatamente después de una denuncia presentada ante la Asociación del Mercado de Metales Preciosos de Londres (LBMA, por sus siglas en inglés), un organismo de acreditación para el oro, la plata y otros metales preciosos. La denuncia sostiene que los antecedentes públicos de la empresa en materia de violaciones de derechos humanos y daños ambientales son incompatibles con los lineamientos internos de la LBMA y que, por lo tanto, el oro de la mina no debería comercializarse en el Mercado de Metales Preciosos de Londres.
La denuncia destaca la contaminación, los problemas de salud y las afectaciones en los cultivos de las comunidades alrededor de la mina. Según lo señaló el abogado principal que presentó la denuncia: «Si establece normas desde Londres, pero no las hace cumplir — y permite que continúe el comercio altamente rentable de metales—, entonces debe estar preparado para rendir cuentas».
Las comunidades buscan respuestas
Desde hace mucho tiempo, las comunidades han expresado su preocupación por la contaminación del agua y del aire, así como otros impactos en la salud. Pueblo Viejo, una de las minas de oro a cielo abierto más grandes de América Latina, ha generado enormes cantidades de desechos mineros desde que comenzaron sus operaciones comerciales. Actualmente, Barrick adelanta una gran expansión que incluye una nueva instalación diseñada para almacenar cientos de millones de toneladas adicionales de residuos mineros y extender las operaciones de la mina por varias décadas.
El Comité Nuevo Renacer (CNR), una organización que representa a cinco comunidades afectadas por la mina de Pueblo Viejo en República Dominicana —La Cerca, La Piñita, Las Lagunas, Jobo Claro y Jurungo— lleva años exigiendo la reubicación de estas comunidades debido a los problemas ambientales y de salud asociados con vivir cerca de la mina.
Esta labor de defensa incluye esfuerzos, hasta ahora sin éxito, para obtener información esencial de Barrick Mining Corporation relacionada con los impactos ambientales de la mina y las presas de colas. Desde 2021, el CNR y organizaciones aliadas han enviado comunicaciones a Barrick, a sus directores ejecutivos y a sus inversionistas, solicitando acceso a la información y transparencia sobre los impactos de la mina en las comunidades y las familias. Estas solicitudes de información han sido ignoradas o atendidas con información incompleta o que no corresponde a lo solicitado.
Exigen más transparencia en Bélgica
Durante la primera semana de octubre, Fernando Peña, del Espacio Nacional para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ENTRE) y del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, asistió a la reunión anual de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI en inglés). Peña, representante oficial de la sociedad civil de la República Dominicana, destacó el caso de la LBMA y las preocupaciones de las comunidades locales, tanto durante el evento oficial como en los otros foros.
La rendición de cuentas del Gobierno canadiense en Panamá
El 27 de octubre, Casilda Lima, residente de Las Lagunas, miembro del CNR y demandante en la denuncia ante la LBMA, presentó su testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Durante una audiencia sobre las obligaciones internacionales de las empresas extractivas canadienses y sus impactos en los derechos humanos, la Sra. Lima compartió su experiencia de vivir a menos de un kilómetro de la presa de relaves que almacena los residuos de la mina Pueblo Viejo.
En su testimonio habló de los numerosos problemas de salud que padece, entre ellos dolores de cabeza, náuseas y dificultades para respirar. También describió cómo el polvo que se levanta de las colas cubre su casa a diario y cómo el ruido de las operaciones mineras no la deja dormir por las noches. Reiteró las exigencias de las comunidades para que sean reubicadas y expresó: «…deberían trasladarnos… a un lugar donde tengamos agua, donde tengamos ríos, como lo que teníamos antes [de la minería]; ahora no tenemos nada».
El CNR también presentó un testimonio escrito como parte del proceso, en el que instó al gobierno canadiense a investigar las acciones y los impactos de Barrick, y a tomar todas las medidas necesarias para reparar los daños. También le solicitaron al gobierno canadiense que trabaje en conjunto con el gobierno dominicano para implementar el proyecto de reubicación, que lleva siete años suspendido, e instaron al gobierno de Canadá a tomar medidas para garantizar que las empresas canadienses, incluida Barrick, cumplan con las normas y regulaciones internacionales sobre acceso a la información y transparencia, tales como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), el Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera, entre otros.
Llevan sus exigencias hasta Canadá
Del 28 de octubre al 3 de noviembre, Leoncia Ramos, representante de la CNR y residente de la comunidad de La Piñita, y también una de las demandantes en la denuncia presentada ante la LBMA, viajó a Canadá para compartir de primera mano sobre los impactos de las actividades extractivas en las comunidades agrícolas y rurales de la República Dominicana.
Su testimonio fue incluido en una conferencia de prensa parlamentaria y ella presentó sus preocupaciones ante representantes del gobierno canadiense, quienes se comprometieron a examinar el caso con mayor detenimiento. La Red Canadiense para la Rendición de Cuentas Corporativa, que representa a más de 40 organizaciones de la sociedad civil, invitó a la Sra. Ramos como panelista en su reunión semestral de miembros.
Mientras Canadá expande su relaciones comerciales a nivel mundial, su propio gobierno está restringiendo las ya limitadas vías disponibles para exigir que las empresas mineras rindan cuentas por los abusos cometidos en el extranjero.
La Sra. Ramos aprovechó su visita para instar a las autoridades canadienses a que atiendan las preocupaciones de las comunidades y aborden los riesgos asociados con la expansión minera. También hizo un llamado al gobierno para que implemente una legislación de diligencia debida que garantice a las personas afectadas un acceso efectivo a mecanismos de rendición de cuentas y reparación.
Para conseguir justicia en casa
Deben existir medidas para proteger a las comunidades de los daños asociados con la minería y garantizar que cuenten con la información necesaria para tomar decisiones sobre lo que es más conveniente para ellas y sus familias. Cuando las comunidades sufren daños, las empresas y los gobiernos nacionales deben adoptar medidas de reparación oportunas y adecuadas. Si las comunidades expresan sus preocupaciones, tanto los organismos que establecen estándares, como la LBMA, así como los gobiernos de los países donde las empresas tienen su sede deben asumir su responsabilidad y tomar medidas.