Comunidades Exigen Rendición de Cuentas por las Injusticias Mineras

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA  – Hoy más de cien manifestantes se reunieron frente al Palacio Presidencial de la República Dominicana para exigir justicia para las 450 familias que viven aguas abajo de la mina de Pueblo Viejo. Los manifestantes exigen al gobierno que detenga la ampliación prevista de la mina de oro a cielo abierto y responda a las exigencias de las comunidades afectadas para reubicar a las familias en una comunidad donde puedan vivir en un medio ambiente sano y libre de los impactos diarios de las operaciones mineras.

Durante la manifestación, las comunidades entregaron al presidente Luis Abinader una petición firmada por más de 40.000 personas, resaltando las demandas para la justicia de las comunidades. 

“Estamos protestando para que el Presidente Abinader se de cuenta que la reubicación es una situación de vida para estas comunidades que han sido abandonadas. Las comunidades estamos hartas y desesperadas, llenas de enfermedades, sin agua y sin energía eléctrica,” cuenta Leoncia Ramos, de la comunidad La Cerca, y vocera para el Comité Nuevo Renacer. “Vivimos amenazados por millones de toneladas de veneno activo y lodo tóxico de la presa de colas.” 

Pueblo Viejo, empresa conjunta del gigante minero canadiense Barrick Gold y la estadounidense Newmont, es la sexta mina de oro más grande del mundo. Las comunidades que viven aguas abajo de la mina, y en particular de su presa de colas, llevan años pidiendo su reubicación, ya que sufren los impactos de las operaciones y el almacenamiento de residuos mineros, tales como la contaminación del agua y problemas asociados a la salud. En lugar de solucionar estos problemas, las empresas están presionando para ampliar sus operaciones y extender la vida de la mina para unos 25 años adicionales.

La ampliación propuesta triplicaría la superficie de la mina de Pueblo Viejo y crearía una segunda presa de colas. La segunda presa, denominada depósito de almacenamiento de relaves Naranjo, sería otro enorme vertedero de residuos mineros. Los planes estiman que la presa almacenará 344,7 millones de toneladas de colas y roca estéril, retenidos por un muro de 157 metros de altura y 4 kilómetros de longitud, una de las presas más grandes de este tipo en el mundo. Para construir esta nueva presa de colas habría que reubicar a seis nuevas comunidades: Arroyo Vuelta, Las Lajas, Tres Bocas, Dos Palmas, La Placeta y La Jagua Mocha.

Hasta hace poco, los detalles sobre está segunda presa de colas eran mínimos. A pesar de que las comunidades llevaban más de un año pidiendo la publicación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, no fue sino hasta junio del 2023 cuando la presión pública sobre el Gobierno obligó al Ministerio de Medio Ambiente a publicar una copia. El Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE), una coalición nacional de organizaciones que supervisan los proyectos extractivos en la República Dominicana, y las comunidades afectadas pidieron a socios internacionales, como Earthworks y MiningWatch Canadá, que contrataran al geofísico Dr. Steven Emerman para llevar a cabo una revisión independiente del documento. La revisión concluyó, entre varias deficiencias, que el plan de ampliación no tuvo en cuenta las opciones más seguras para la gestión de residuos y que el estudio medioambiental estaba incompleto.

“Hoy las comunidades lo tienen claro. Han sufrido los impactos de las operaciones mineras y el almacenamiento de colas mineras por años y entienden las implicaciones de la ampliación de esta mina”, afirma Jan Morrill, directora de la campaña sobre relaves de Earthworks. “Ampliar este proyecto sin abordar las graves deficiencias y omisiones del Estudio de Impacto Ambiental no haría sino agravar las injusticias y violaciones de derechos humanos que ya están sufriendo.”  

“Como muestra de apoyo a las comunidades que viven a la sombra de la mina Pueblo Viejo de Barrick Gold más de 40.000 personas de todo el mundo se han pronunciado y están atentas a lo que haga el gobierno a continuación”, afirma Lacey Kohlmoos, directora de campañas de Ekō.  “Si las demandas de las comunidades siguen siendo ignoradas, los funcionarios del gobierno se enfrentarán a una ola de indignación y condena mundial”.

“Los llamados para que Barrick rinda cuantas por los daños ambientales significativos causados por sus operaciones en la República Dominicana y al nivel mundial son cada vez más fuertes,” afirma Diana Martin, Co-gerente de MiningWatch Canadá. “Mientras Barrick intenta triplicar la huella de la mina Pueblo Viejo, nos unimos al llamado de las comunidades afectadas por la mina que exigen su reubicación fuera del peligro de la mina en una manera que defienda sus derechos humanos y dignidad.”