Amenazas a defensores del territorio indígenas en Bolivia han llamado la atención de las Naciones Unidas. Los defensores denuncian la contaminación del agua y del suelo provocada por varias minas de la zona y documentada por el gobierno estatal.
Líderes de Seque Jahuira han logrado organizarse, manifestarse e incluso conseguir la aprobación de una ley para denunciar los efectos de la minería en la zona. Han sido objeto de amenazas y hostilidad, lo que les ha llevado a temer por la seguridad de sus familias.
Por desgracia, no son los únicos que viven esta situación. Los pueblos indígenas y líderes de comunidades afectadas por la minería suelen sufrir intimidación y violencia, a pesar de que los pueblos indígenas tienen el derecho a rechazar la minería o a establecer condiciones para un proyecto.
Las protestas dan lugar a una legislación contra la contaminación minera
El 1 de septiembre de 2025, el pueblo de Seque Jahuira, en Bolivia, junto con otras comunidades de la región, organizaron una protesta masiva contra la presencia de múltiples operaciones mineras en su territorio. Los manifestantes marcharon hasta la alcaldía y tomaron el edificio.
Llevaban consigo documentos de la oficina del gobernador de La Paz, la capital del país. Los documentos indicaban que, en 2023, al menos nueve empresas operando en la región, tanto de forma legal como ilegal, eran responsables por el vertido de residuos mineros tóxicos y el drenaje ácido de minas, afectando a la salud del agua y del suelo en una zona que depende principalmente de la agricultura y la ganadería para su sustento.
Tras las protestas, la Defensoría del Pueblo también sacó un comunicado afirmando que, «Tras múltiples gestiones y seguimientos a las denuncias de contaminación del agua con cianuro… no obtuvieron respuestas efectivas de las instancias competentes». A pesar de la existencia de documentación y conocimiento del problema por parte del gobierno, Seque Jahuira y las comunidades vecinas seguían sufriendo los efectos de la contaminación minera para su salud y el medio ambiente.
Esa tarde, el alcalde del municipio de Viacha, donde se encuentran estas comunidades, firmó la ley municipal 042/2025. Esta ley declaró al municipio un territorio libre de la contaminación minera con el fin de proteger el derecho a un medio ambiente limpio y saludable. La ley permite inspecciones y sanciones para cualquier operación minera que no cumpliera con la normativa, y compromete al gobierno local a «la mitigación de todo tipo de contaminación debiendo iniciarse las acciones jurisdiccionales para la reparación y resarcimiento de daños ocasionados a las comunidades afectadas».
Los líderes indígenas de Seque Jahuira, organizaciones aliadas como el colectivo nacional de los derechos de los pueblos indígenas, Qhana Pukara Kurmi, y otras comunidades de Viacha celebraron este importante logro, ya que se ordenó a más de 15 empresas mineras a suspender sus operaciones en el municipio.
Los líderes se enfrentan a amenazas y hostilidad
Sin embargo, al día siguiente Qhana Pukara Kurmi y algunos líderes comunitarios comenzaron a recibir llamadas anónimas amenazándolos por su participación en las protestas y su apoyo a la aplicación de la nueva ley. A raíz de las amenazas, Qhana Pukara Kurmi retiró los señalamientos de su oficina en La Paz y se vieron obligados a abandonar las instalaciones durante unas semanas hasta que se sentían seguros para volver a trabajar allí.
La semana después de que Qhana Pukara Kurmi abandonara su oficina, dos líderes indígenas se vieron obligados a salir de Viacha con sus familias, lo que también supuso que uno de ellos tuviera que cerrar su tienda de materiales de construcción. Mientras las amenazas continuaban, los miembros de Qhana Pukara Kurmi y los líderes de Viacha fueron objeto de una campaña de desprestigio en la cual se difundieron vídeos y mensajes en redes sociales que intentaban socavar su labor y cuestionaban su independencia, acusándolos de ser financiados por organizaciones y actores internacionales.
Más adelante ese mes, miembros de Qhana Pukara Kurmi se reunieron con la Defensoría del Pueblo para hablar sobre las continuas amenazas y el ambiente hostil que enfrentaban. Unos días después, la Defensoría del Pueblo confirmó que solo seis empresas mineras contaban con licencias ambientales vigentes, y que 21 de las 23 empresas operando en Viacha lo hacían de forma ilegal, sin los permisos necesarios.
Aunque algunos organismos gubernamentales, como la Defensoría del Pueblo, se han pronunciado sobre la situación en Viacha, los líderes indígenas siguen preocupados por las amenazas que reciben ellos y sus familias por sus denuncias de los impactos de la minería en su territorio.
La ONU y organismos gubernamentales expresan su preocupación
En octubre de 2025, los Relatores Especiales de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, sobre la libertad de reunión pacífica y asociación, y sobre los derechos de los pueblos indígenas enviaron una carta conjunta al Gobierno boliviano exigiendo una respuesta a los hechos dirigidos contra los defensores del territorio indígenas y toda la información disponible sobre las medidas implementadas para garantizar su protección. La carta denunciaba el incendio provocado en la casa de un líder, ataques violentos, el ataque del hijo de un líder, intimidación y amenazas.
El Gobierno boliviano envió un acuse de recibido y solicitó más tiempo para responder. Hasta la fecha de publicación, no ha habido ninguna otra respuesta por parte del Gobierno.
Mientras tanto, la situación en Seque Jahuira y Viacha se ha agravado desde la protesta, ya que las empresas siguen operando sin atender las preocupaciones de las comunidades respecto al impacto ambiental de sus actividades.
Ya es hora de que el Gobierno boliviano adopte medidas para remediar la contaminación ambiental y del agua en Viacha, regule mejor a las empresas mineras que operan en Viacha y garantice la seguridad de los líderes indígenas que defienden el derecho a la salud y la seguridad de sus comunidades y territorios.