Resumen
Durante más de dos años, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM) se negó a acreditar a los 59 representantes elegidos por el pueblo Xinka para participar en una consulta sobre la controvertida mina Escobal de Pan American Silver. En septiembre de 2018, la Corte Constitucional dictaminó que el Estado violaba los derechos indígenas del pueblo Xinka cuando no los consultó antes del inicio de las operaciones de la mina. La Corte suspendió el proyecto y ordenó al MEM que realizara una consulta con las comunidades Xinka afectadas de acuerdo con los estándares internacionales.
Sin embargo, este retraso de dos años en la aceptación de representantes Xinka – en violación del fallo del Corte – detuvo efectivamente todo el progreso. Mediante la movilización comunitaria persistente y una campaña internacional de incidencia, el pueblo Xinka lograron presionar al MEM en octubre de 2020 para que cediera finalmente, permitiendo que la consulta estancada comenzara a avanzar. LA CONSULTA BAJO RIESGO PÁGINA 1 Sin embargo, la actual crisis política de Guatemala y el debilitamiento de los órganos judiciales y de derechos humanos amenazan con hacer descarrilar el incipiente proceso de consulta. Las manifestaciones en contra de un proyecto de ley de presupuesto que beneficia a los intereses de la élite a expensas de la mayoría pobre, junto con las acusaciones de corrupción en el manejo de la ayuda de COVID-19, amenazan el futuro del gobierno del presidente Alejandro Giammattei. No se sabe con certeza qué implicaciones podría tener esto para los recientes acuerdos alcanzados con el MEM.
Tal vez sea aún más preocupante el menoscabo de la independencia e imparcialidad judicial en la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Esta última, el más alto órgano judicial de Guatemala ha sido atacada a raíz de fallos impopulares de la élite económica del país, entre ellos la suspensión de dos operaciones mineras transnacionales por falta de consulta estatal con los pueblos indígenas.
Mientras tanto, la confianza en la Corte Suprema de Justicia se ha visto gravemente dañada tras un proceso de selección de nuevos jueces que se vio empañado por las irregularidades. El proceso de selección ha sido suspendido por más de un año. Debido a que es el árbitro principal en la consulta, la falta de confianza en una Corte Suprema de Justicia imparcial pone en peligro el acceso del pueblo Xinka al debido proceso, incluso cuando los nuevos jueces son finalmente seleccionados. La preocupación por la influencia de las empresas en el proceso de consulta dirigido por el gobierno se ha profundizado desde que el ex gerente general de la mina Escobal fue nombrado Secretario Especial del vicepresidente a principios del año 2020.
Las autoridades Xinkas y los miembros de la Resistencia Pacífica en Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa son cada vez más objetos de amenazas de violencia y difamación por parte de personas que apoyan el proyecto minero, lo que indica un empeoramiento de las condiciones de los derechos humanos en la región y pone en peligro el carácter libre de la consulta. Los programas comunitarios en curso de Pan American Silver complican aún más la situación, el Parlamento del Pueblo Xinka ha denunciado como una violación de la suspensión de la mina ordenada por la Corte. Según el Parlamento del Pueblo Xinka, la empresa está utilizando la pandemia de COVID-19 para ampliar su alcance a nivel comunitario, lo que aumenta la tensión y el conflicto entre las comunidades que desean recibir ayuda de una empresa minera transnacional y las que no
