En Sonora, México, una comunidad lucha para evitar volverse en el próximo desastre de la minería.
“Si hay un derrame, desaparecemos.”
Escuché diferentes versiones de este aviso varias veces durante mi visita reciente al pueblo de Bacanuchi. Bacanuchi es una comunidad pequeña ubicada en el estado norteño de Sonora, México. Se conforma por menos de 200 personas y tiene la desgracia de encontrarse aguas abajo de la mina de cobre enorme llamada BuenaVista del Cobre, operada por el gigante minero mexicano, Grupo México.
BuenaVista del Cobre es la mina más grande de México, extrayendo 815 toneladas de roca al día y haciéndole a Germán Larrea el segundo hombre más rico del país. Cuando la mina procesa la roca y separa el cobre, deposita los desechos que sobren, un estiércol líquido de agua, roca triturada y químicos, detrás de una represa de tierra. La industria minera llama a estos desechos “jales.” Presas de jales han salido en las noticias durante los últimos años cuando se han quebrado o colapsado, cubriendo las comunidades y ecosistemas que se encuentran río abajo con lodo tóxico. En enero del 2019, una presa de la mina Córrego do Feijão en Brumadinho, Brasil colapsó, matando a casi 300 personas y inundando al Rio Paraopeba con 12 millones de metros cúbicos de jales.
¿Un Desastre en Espera?
Esto es precisamente lo que se les preocupa en la comunidad de Bacanuchi. Grupo México lleva un proceso de expandir su presa de jales en BuenaVista del Cobre. La presa crecerá a un espantoso 10 kilómetros de largo y 175 metros de alto. Extenderá por 3,326 hectáreas, y tendrá la capacidad de almacenar 816 mil albercas olímpicas. Si se quiebra, Bacanuchi será la primera comunidad en su camino. Mientras algunas empresas en Brasil y Chile muevan a instalar sistemas de alerta para avisar comunidades en el momento de una ruptura de una presa con una potencia fatal, Grupo México no tiene ningún sistema similar. Al contrario, una miembra de la comunidad me comentó que Grupo México pidió a la gente de Bacanuchi que avisen a la empresa si anotan algo fuera de lo normal en el flujo de agua en el río, lo cual podría ser demasiado tarde.
Los y las miembros y miembras de la comunidad de Bacanuchi no son los únicos preocupados sobre la potencial para un desastre como resultado de la presa. En diciembre del 2019, ATP, un fondo de pensiones de Dinamarca, avisó que pondría a Grupo México en su lista negra, “después de varios esfuerzos de abordar el tema de los peligros presentados por la nueva presa de jales.” ATP tomó la decisión después de ocho meses sin éxito de intentar dialogar con la compañía.
Si la historia de la seguridad de la empresa sirve como un indicador, la comunidad y las inversionistas tienen toda la razón en sentirse preocupados. En el 2014, Grupo México botó 40,000 metros cúbicos de químicos tóxicos al Río Sonora. El derrame atravesó 300 kilómetros del río, destruyendo milpa y matando animales. Gente que estuvo en contacto con el agua se ha presentado con problemas de salud severas.
Fue nombrado el desastre ecológico más grande de México.
“Tenemos que Pelear”
Bacanuchi, sin embargo, no está con los brazos cruzados esperando el próximo desastre. Está de lucha. Una mujer de la comunidad me dijo, “tenemos que pelear. No se nos hace justo que las empresas se están haciendo más ricos.” Con el apoyo de abogadas de PODER, una ONG mexicana que enfoca en rendición de cuentas de corporaciones, miembros de la comunidad han presentado dos demandas con respeto a la mina BuenaVista del Cobre.
La primera demanda se hizo historia en México al reconocer el derecho de consulta previa para una comunidad no-indígena. Por el hecho de que el gobierno mexicano autorizó el proyecto sin el conocimiento de la comunidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló que la construcción de la presa de jales comenzó de manera no legal. La comunidad esperaba que el fallo detendría la expansión de la presa pero, a la desilusión de ellos, la corte mandó que el gobierno realizara una sesión informativa para explicar el alcance del proyecto.
La segunda demanda solicitó que Grupo México reabriera el fideicomiso que fue establecido después del derrame del 2014 para compensar a las familias y los productores y también para crear nueva infraestructura de salud y agua. La empresa cerró el fideicomiso después de haber pagado solo 60% de los 2 mil millones de pesos que fue obligado a distribuir. El fallo a favor de reabrir el fideicomiso fue dictado en enero del 2020 y Bacanuchi, junto las otras comunidades río abajo de la mina, está esperando ver cómo se implementa.
Si las demandas de Bacanuchi quedan claros–la empresa debe compensar de manera completa a los y las afectados y afectadas por el derrame del 2014 y debe parar la construcción de la nueva presa de jales–lo que también queda claro es que Grupo México no escuchará estas demandas su propia bondad. Y Grupo México no está a solos. Desde Canadá a Brasil desde España a Papúa Nueva Guinea, han habido desastres de presas de jales que han acabado con ecosistemas y vidas.
Mientras el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, inversionistas y la industria minera debaten nuevos estándares para seguridad de presas de jales al nivel global, la experiencia de Bacanuchi demuestra que solamente regulaciones fuertes pueden proteger a las comunidades de estos tipos de desastres. Cualquier regulación nueva tiene que detener las prácticas peligrosas al dar prioridad a la seguridad en vez de las ganancias, crear espacios para que comunidades puedan tomar decisiones sobre los proyectos que les afectan, y rendir cuentas con empresas en cuanto a sus acciones. La industria minera no puede vigilarse a sí mismo- y regulaciones tienen que acompañarse con un sistema de control independiente.
