El 20 de septiembre, el gobernador de California, Jerry Brown, firmó la ley SB4, la cual requiere regulaciones al fracturamiento hidráulico, la acidificación y otras técnicas de estimulación de pozos. La ley también requiere un estudio a los potenciales impactos de todo tipo de estimulación de pozos, a ser completado para el 01 de enero del 2015.
Con su firma, el gobernador declaró: “debemos dar a la ciencia una oportunidad de trabajar antes de decidir sobre una prohibición al fracturamiento hidráulico”, y que el estudio será “el más completo análisis ambiental al fracturamiento hidráulico.”
Cinco semanas después de firmar SB4, el gobernador Brown dijo que el estudio puede tomar hasta 18 meses para completarse. Este retraso amenaza uno de los logros principales de SB4 – el estudio de la acidificación y los impactos del fracturamiento hidráulico, el cual seria el primer estudio completo en todo el país. Al mismo tiempo, el retraso recalca los fracasos más grandes de SB4: permite que ocurra el fracturamiento hidráulico y la acidificación aunque no conocemos sus amenazas al medio ambiente y a la salud pública. En efecto, SB4 consienta el estatus de los californianos como conejillos de indias al fracturamiento hidráulico.
El 15 de noviembre, la División de Petróleo, Gas, y Recursos Geotérmicos (DOGGR), la agencia principal para la regulación petrolera en California, lanzara regulaciones y reglamentos para el fracturamiento hidráulico; regulaciones que sin duda serán amigables para la industria. Estas regulaciones se pondrán en lugar hasta que los resultados del estudio sean comunicados al publico, dejando a California a merced de la industria petrolera.
Más que un simple retraso, existen motivos de preocupación sobre la calidad del estudio, debido a la agencia a cargo de ello. DOGGR es una agencia llena de designaciones políticas, y ha ignorado los riesgos ambientales del petróleo y gas. Como muchas otras agencias reguladoras estatales y federales, DOGGR carece de la mano de obra y financiación para supervisar los mas de 50.000 pozos activos en el estado, sin mencionar los miles de nuevos pozos que pueden ser perforados en la formación de Monterrey en los próximos años.
El gobernador Brown correctamente pide que se permita tiempo para una revisión más exhaustiva, pero para aumentar la credibilidad del estudio, se debe realizar por una agencia independiente sin ataduras a la industria petrolera – que no sucumbe a la presión política. Hasta que el estudio sea completado, una moratoria sobre actividades de estimulación de pozos hasta que la “ciencia tenga la oportunidad de trabajar,” ayudará a proteger la salud y el medio ambiente de los californianos. Es hora de poner las comunidades primero.
