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Hoy 88 organizaciones de más de 21 países publicaron una carta haciendo un llamado a República Dominicana y la Barrick Gold Corporation para que detengan la propuesta de expandir la mina de oro Pueblo Viejo. De igual manera, más de 12 fabricantes de joyería se sumaron con una carta similar haciendo eco a las preocupaciones de la sociedad civil. Estas cartas destacan serias preocupaciones sobre las amenazas a los derechos de las comunidades locales y los riesgos de daños significativos ambientales. Las cartas cuestionan si el gobierno y la empresa tendrán la capacidad de cumplir con sus promesas de promover la sostenibilidad y la resiliencia climática si permiten que continúe la expansión de la mina.
La mina Pueblo Viejo, ubicada a unos 100 km de Santo Domingo en la República Dominicana (RD), es una de las minas más grandes de oro en las Américas. Barrick busca explotar minerales de baja ley al expandir su planta procesadora y sus instalaciones de almacenamiento de desechos mineros. Se reporta que esto extendería la vida de la mina hasta el 2040.
Comunidades afectadas y organizaciones locales en la República Dominicana han expresado su oposición a la expansión, políticos y expertos técnicos locales han criticado los riesgos de la nueva presa de cola, y líderes religiosos han alzado la voz en alarma sobre la expansión. Según Heriberta Fernandez, del Centro de Reflexión y Acción Padre Juan Montalvo, “La minería ha creado daños socio ambientales irreparables en República Dominicana. El modelo extractivista violenta los derechos fundamentales de las comunidades y los territorios. Ahora pretende extenderse sobre cuencas hidrográficas de alta importancia para la agricultura sin contar con la licencia social de las comunidades.”
Las cartas, firmadas por organizaciones de derechos humanos y de apoyo legal, ONGs ambientales, grupos de comunidades afectadas por la minería y fabricantes de joyería, entre otros, se centran en los posibles impactos sobre los derechos humanos y el medioambiente de la expansión, la falta de acceso a información pública sobre el proceso de expansión, el agravamiento de la vulnerabilidad climática que podría causar la expansión, y las graves denuncias de contaminación de agua de las operaciones de Barrick en RD y en otras minas de Barrick. Las cartas resaltan los posibles peligrosos impactos de la instalación propuesta para almacenar los desechos mineros para las comunidades y ecosistemas aguas abajo de la mina.
“Barrick afirma que ‘toma en serio la sostenibilidad’ y los derechos de las comunidades, y el gobierno dominicano se ha comprometido a ser un líder en la justicia global. Sin embargo, la evidencia disponible sugiere que la expansión es incompatible con dichas promesas y deberá ser reconsiderada de inmediato,” afirma Sienna Merope-Synge de Iniciativa de Justicia Climática del Caribe de la Clínica de Justicia Global de la Universidad de Nueva York, uno de los grupos que coordinó la carta.
Organizaciones enfrentando las perjudiciales impactos ambientales y el pésimo récord de derechos humanos de Barrick en otros países alrededor del mundo han firmado la cartas, la cuales sostienen que las acciones de la empresa en otros países pone en duda la voluntad de la empresa de mantener las normas más estrictas de derechos humanos y de protección ambiental en la RD. En el sitio de la mina Porgera en Papúa Nueva Guinea, Barrick descargó más de 6 millones de toneladas de colas y 12 millones de toneladas de sedimentos de esteril en un río local bajo permisos del gobierno. Una organización de Papúa Nueva Guinea firmó la carta con un mensaje para las comunidades en la RD diciendo, “Nosotras las Mujeres Indígenas Pili de Porgera nos solidarizamos con ustedes en esta batalla.”
Las cartas fueron presentadas al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como también al Director Ejecutivo y Presidente de Barrick Gold y la Presidenta del subsidiario dominicano de Barrick, antes de la reunión general anual de la empresa en Toronto.
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Comunicaciones de las clínicas de NYU no representan las posiciones institucionales de la Facultad de Derecho de NYU, si alguna.